La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha pedido a los partidos políticos que la descarbonización de la movilidad sea uno de los ejes esenciales en los programas electorales con los que concurren a las elecciones generales del próximo 23 de julio, para que España salve el retraso que arrastra y cumpla con los objetivos planteados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y exigidos por la Unión Europea en el Objetivo 55 (“Fit for 55”). Faconauto considera que, los objetivos se pueden conseguir, pero que, para ello, las políticas que se apliquen en la próxima legislatura deberían tener su eje esencial en la electrificación y en la movilidad sostenible para todos.
Respecto a la primera, la federeación ha indicado que en 2024 se tiene que producir un punto de inflexión en las matriculaciones de vehículos electrificados, que pasa, necesariamente, por introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad. En concreto, ha pedido que desde el Gobierno central se ayude a las comunidades autónomas en la homogenización de su gestión del plan, que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, que se amplíe el límite de la ayuda hasta los 65.000 euros y que se asegure su continuidad dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales, ampliable a toda la legislatura.
La patronal ha fijado como objetivo deseable los 190.000 vehículos electrificados en 2024, con un 19% de cuota de mercado. Desde este dato, y para que nuestro país se acerque a los objetivos de descarbonización que establece el PNIEC, la cuota de mercado de turismos y todoterrenos electrificados tendría que incrementarse en siete puntos al año de aquí a 2030, cuando supondrían el 60% del mercado y 600.000 matriculaciones.
Para liderar este proceso, ha propuesto que se cree un Grupo para la Coordinación y el Impulso del Vehículo Eléctrico en España, que debería depender directamente de presidencia del Gobierno. Además, tendría un carácter eminentemente técnico y debería ser capaz de generar propuestas realistas que, de manera ágil, pudieran después ser llevadas a cabo a nivel ejecutivo y legislativo. En este grupo estarían representados los ministerios con competencias en Energía, Hacienda y Comercio, mientras que la representación de la parte privada recaería en las patronales de la automoción, de las energéticas o de otras que estén concernidas.
“La próxima legislatura ha de servir para acelerar la descarbonización de una movilidad para todos en nuestro país. Para ello, nos pondremos a trabajar desde el primer momento con el nuevo Gobierno que salga de las urnas. Como país, nos merecemos poder alcanzar los objetivos de descarbonización que nos exige la Unión Europea y ello pasa, sí o sí, por la electrificación. Para avanzar proponemos la formación de un grupo eminentemente técnico, eficaz, y que dependa directamente de la Moncloa. La descarbonización tiene que llegar al ciudadano de a pie, que tiene derecho a participar de ella, y el Estado tiene liderarlo”, ha dicho la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.
De igual modo, se ha referido a la necesidad de seguir insistiendo en el impulso de la infraestructura de recarga y ha recordado que, a lo largo del año que viene, el nuevo Gobierno deberá presentar un plan para cumplir con el reglamento europeo de infraestructuras para combustibles alternativos (AFIR, en sus siglas en inglés). Según este reglamento, de obligado cumplimiento, las estaciones de recarga destinadas a turismos estarán localizadas cada 60 km a lo largo de la red básica de la Red Trans Europea de Transporte (RTE-T) para finales de 2025 km, mientras que para vehículos pesados el plazo se amplía hasta 2030.
Faconauto ha propuesto un plan de renovación de parque eficaz y centralizado en cuanto a su gestión, con descuento en la factura de compra, para el periodo 2024-2027 dotado con 1.100 millones de euros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. El plan establecería ayudas de hasta 4.000 euros para achatarrar vehículos de más diez años y, en todos los casos, el sector, como en programas anteriores, podría apoyar la medida. El objetivo de esta medida es achatarrar alrededor de 400.000 vehículos, lo que supondría un ahorro de 290.000 toneladas/año de CO2.
De manera paralela, la patronal también ha propuesto lo que ha calificado como un plan de “renovación social” para 2024, dirigido a rentas por debajo de 25.000 euros, que tendrían un ayuda de hasta 1.500 euros para adquirir un vehículo de hasta 6-7 años y a cambio de achatarrar un vehículo de más de 14 años. Gracias este plan, se podrían quitar de la circulación cerca de 130.000 vehículo viejos y sería una manera de dar una opción de movilidad a conductores con menos recursos afectados por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
“Descarbonizar es también renovar el parque automovilístico. Pongamos en marcha un 'PIVE sin complejos'. Todavía recordamos el éxito que supuso ese plan, y estamos seguros de que se podría reeditar con el mismo impacto positivo. Un nuevo plan de renovación, bien diseñado y ejecutado, redundaría en una “movilidad para todos”, una idea que nos parece esencial en este momento de transición y de fuerte regulación para nuestro sector”, ha indicado Blázquez.
Respecto a la descarbonización del transporte por carretera, Faconauto ha pedido que se tenga continuidad presupuestaria al actual plan de transformación de flotas de vehículos pesados, así como que se ponga en marcha en paralelo otro plan de renovación del parque de vehículo industrial, que estaría dotado con 400 millones de euros.
Finalmente, Faconauto considera que un replanteamiento de las medidas fiscales vinculadas a la movilidad de la ciudadanía sería un elemento dinamizador eficaz y con un impacto directo positivo en los objetivos de descarbonización. Al respecto, la patronal ha propuesto, entre otras medidas, la exención del IRPF de las ayudas públicas; avanzar, aun conociendo la normativa actual, hacia una deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer, al menos, un porcentaje lo más amplio posible; la deducción del Impuesto de Sociedades del 10% sobre las inversiones realizadas para la compra de vehículos industriales y comerciales. Además, en los vehículos de empresa incrementar las deducciones por retribución en especie ya recogidas en la legislación vigente o la inclusión de la maquinaria agrícola en el sistema del Régimen Especial de los Bienes Usados (REBU).
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