La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia) solicita al Gobierno “la inmediata adopción de medidas adicionales a las ya tomadas, ante la persistencia en los últimos meses de precios muy elevados en los mercados eléctrico y gasista, que triplican los precios habituales. Una situación agravada por la ausencia de ofertas de suministro eléctrico a plazo, a precio fijo y razonable, pese a las medidas adoptadas para su fomento por la Administración”.
Dada la previsión de que persistan niveles muy elevados de precios en los mercados eléctrico, gasista y de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a lo largo del presente año, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ofrece al Gobierno “su colaboración para implementar nuevas medidas a corto, medio y largo plazo, adicionales a las ya adoptadas por parte de la Administración española ante la evolución de los mercados y dado que en el ámbito industrial no han producido el efecto deseado. El diferencial de precios medios de los grandes consumidores no deja de crecer y pone en riesgo no solo la reindustrialización sino el mantenimiento de la actividad”.
Adicionalmente, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española desea “reiterar su oposición a la adopción del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en sus actuales términos, más gravoso si cabe en una situación como la actual. Su impacto se incrementaría, además, con la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente, ya que su aplicación muy previsiblemente imposibilitaría el mecanismo de compensación de costes asociados al FNSSE previsto en el proyecto de ley. No es este el momento para su puesta en marcha”.
Para la Alianza, en primer lugar, “es urgente celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, siendo ésta una de las vías para la necesaria potenciación de la firma de contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas deben estar dirigidas a los consumidores industriales, con independencia de que sean consumidores directos”.
Asimismo, consideran que “es necesario adoptar medidas que faciliten la máxima liquidez a los consumidores industriales, para los que la evolución de los precios está ocasionando muy serios problemas de circulante. Por ello, la Alianza solicita la habilitación de mecanismos para la cobertura de riesgos y garantías de contratos de electricidad, en línea con lo ya contemplado en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI)”.
Esta urgencia es también extensible a la convocatoria para 2022 de ayudas a consumidores electrointensivos. A este respecto, es necesario subrayar también la urgente evolución del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, incorporando políticas de compensaciones y peajes equivalentes a las aplicadas en Alemania y Francia y a las que están en vías de adopción en otros países europeos. La primera medida a incorporar sería la compensación del 80% de los peajes de transporte del sistema eléctrico, que se aplica ya en ambos países y cuenta hace años con el plácet comunitario.
Según la alianza, “es imprescindible acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2, garantizando que se aporte el volumen máximo de compensación permitido por las autoridades comunitarias, como ocurre en los principales Estados miembros industrializados de la UE con los que competimos”. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española solicita también la reducción urgente de los tipos aplicados en España al impuesto especial de hidrocarburos al mínimo habilitado por la normativa europea. Y por lo que respecta a los costes regulados de gas, la Alianza considera urgente emplear el superávit registrado de su recaudación en 2021 en la reducción de los peajes y cánones de gas para 2022.
En el corto plazo, la Alianza propone el desarrollo de un Estatuto del Consumidor Gasintensivo, con medidas de apoyo a las industrias intensivas en consumo de gas. Ha de facilitarse también la participación de los consumidores industriales en los distintos mercados eléctricos y mecanismos de capacidad previstos por la Administración.
Entre las medidas adoptadas por el MITERD en septiembre pasado, se incluye la recopilación de información adicional para lograr un conocimiento más profundo del funcionamiento del mercado energético. En línea con ese objetivo, resultaría de gran interés la publicación de las ofertas por tecnologías, sin desvelar las ofertas individuales de los productores, adicionalmente al ya conocido precio de casación.
También en el corto plazo y en el marco de los apoyos en curso a la transición energética, se debe incorporar una línea de incentivos permanente —sin repercusión en costes regulados— para promover la inversión en instalaciones de generación y almacenamiento en autoconsumo, específicamente orientada a las empresas industriales.
Resulta también urgente posibilitar y facilitar el acceso a los nudos de la red de transporte y distribución eléctrica de los proyectos industriales de generación eléctrica en la modalidad de autoconsumo con venta de excedentes, ya que dichos proyectos, algunos en ejecución, se encuentran bloqueados y paralizados en la actualidad.
En el ámbito de la fiscalidad energética, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española estima necesario "suprimir definitivamente el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) que incrementa un 7% el precio mayorista y que no está implantado en ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea. Y prorrogar al menos al conjunto de 2022 la reducción del Impuesto Especial de Electricidad hasta el 0,5%".
A medio y largo plazo, en el ámbito internacional, “el vigente modelo de mercado mayorista eléctrico europeo debe optimizar su funcionamiento, planteando los mecanismos necesarios para que no ponga en riesgo tanto el futuro de la industria y de la economía en su conjunto como la propia viabilidad de las políticas en la lucha contra el cambio climático. Algo no funciona bien cuando, pese a que hemos alcanzado niveles históricos en la generación con tecnologías no emisoras —con renovables que deberían abaratar los costes energéticos—, tenemos los precios mayoristas más altos de la historia. Los trabajos en curso por parte de ACER (Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos) al respecto son una oportunidad para identificar y debatir los necesarios cambios”, explica la Alianza.
Igualmente, en el largo plazo, el incremento de las interconexiones eléctricas “debe ser un objetivo ineludible del Gobierno de España y de la propia Unión Europea, potenciando nuevos proyectos, realizados con la debida eficiencia y a coste competitivo, ya que dicho coste se incorpora a los peajes eléctricos”, destacan.
Adicionalmente, “es preciso reabrir el debate en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear. La experiencia de los últimos meses ha demostrado la relevancia de su aportación al mix en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales”, concluyen.
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